Hoy se cumplen más de 80 años de la expropiación petrolera en México y si bien en los últimos días se mencionó el descubrimiento de un gran yacimiento de petróleo[1], es fundamental hacer un balance de la soberanía nacional energética para entender la complejidad a la que se enfrenta el Estado mexicano y la 4T.
Décadas después del proyecto cardenista, y en un escenario económico-político distinto, la 4T impulsa al mero estilo neo-keynesiano —y con un alto índice de legitimidad— un conjunto de proyectos de gran envergadura que aparte de reducir la dependencia energética, buscan apuntalar el crecimiento económico y reconstruir el mercado interno. Aunque no entraremos a un análisis detallado de los proyectos, es importante mencionar que entre ellos destaca el Corredor Transístmico, el Tren Maya y la rehabilitación de 6 refinerías y la creación de una nueva (Dos Bocas).[2] Todos ellos ubicados en el sureste mexicano.
Desde nuestra perspectiva, la 4T impulsa un esfuerzo de reconstrucción de la soberanía nacional tan vilipendiada durante el neoliberalismo. En el caso energético, tal esfuerzo es contrario a los intereses imperialistas yankees y tiene como núcleo la reducción de la dependencia energética respecto a Estados Unidos del principal recurso estratégico de México, así como la reconstrucción paulatina de la CFE y PEMEX (dos de las empresas públicas más desmanteladas en los últimos 40 años) con preponderancia de la inversión pública (80% en petróleo y 54% en electricidad) en las áreas de exploración, producción, distribución y petroquímica (rehabilitación de 6 refinerías y 1 nueva). Tal esfuerzo es de largo aliento y de sostenerse puede traducirse en mayor soberanía nacional, o viéndolo desde la otra cara de la misma moneda, en menor dependencia energética respecto a Estados Unidos en todas las ramas y sectores económicos, entre ellos los estratégicos.
Sin obviar las numerosas contradicciones del proyecto energético de la 4T, y más allá de ciertas posiciones de izquierda que sostienen que dicha apuesta es irresponsable ambientalmente y técnicamente, tal como se evidenció en el reciente debate público sobre la Ley de Industria Eléctrica[3], reivindicamos el esfuerzo de la 4T por recuperar el timón energético pues desde nuestra perspectiva tal esfuerzo es fundamental para adquirir un margen de maniobra frente al imperialismo yankee.
Adquirir mayor seguridad nacional y empujar demandas más radicales en un país que tiene aproximadamente 45 millones de motores de combustión interna[4] y que depende en más del 70% de las importaciones de gasolina y gas natural para la producción de electricidad resulta ingenuo[5]. De algún modo, para adquirir una mejor posición geopolítica respecto al imperio yankee es necesaria la reactivación soberana de la petroquímica[6], los sistemas de transporte ferroviario y el complejo eléctrico; tres pilares estratégicos y esenciales de la nación mexicana que fueron fruto de la lucha popular durante el siglo XX. Además, no podemos obviar que, como lo notó Cárdenas[7], el sureste es uno de los mejores territorios para emplazar la industria petroquímica[8].
Pero más allá de las numerosas contradicciones que se derivan de la apuesta neodesarrollista de la 4T en el sureste, nos parece fundamental mencionar que, en última instancia, el devenir de los proyectos en el sureste mexicano será resultado de la participación política de las clases populares. No obstante, consideramos que es necesario seguir evidenciando críticamente las enormes contradicciones de dichos proyectos, en especial las referentes al territorio dada la actual crisis ambiental planetaria. Esto último es un principio fundamental que de ninguna manera se contrapone con lo hasta aquí planteado.
No hay que defender acríticamente el proyecto de la 4T en el sureste. Nada garantiza que su construcción se traduzca mecánicamente en mayor soberanía nacional. Pero tampoco hay que rechazarlo como un proyecto destinado al fracaso, tal como lo hace cierta izquierda que se mueve en base a consignas o interpretaciones economicistas y no con base en las múltiples contradicciones de la realidad concreta. Es erróneo afirmar ciegamente que AMLO está haciendo lo mismo que hicieron o no pudieron hacer Fox, Calderón y EPN. O más aún, que es mucho peor lo que está haciendo. Estas últimas posiciones son el mejor ejemplo de lo que dice J. Alemán: que siempre queda a salvo la impunidad de las derechas y es tan fácil desacreditar a la izquierda. Sin embargo, lo cierto es que puede ser muy peligroso si los proyectos se dejan en manos de los grandes capitales y las élites militares.
Por otra parte, son necesarias las políticas de nacionalización e industrialización de recursos estratégicos (hidrocarburos, minerales y electricidad), las cuales no se concretarán de manera sustancial en seis años, sino en un plazo mayor. De hecho, la soberanía relativa en América Latina es un fruto de la lucha popular de más de 150 años.[9] Puesto así, es evidente la necesidad de poner en el centro del debate el tema de la soberanía nacional popular.
Y es que la apuesta por el desarrollo del sureste puede ayudar en la reconstrucción de la soberanía nacional. Sin embargo, a la par de tal esfuerzo se vuelve de vital importancia la exigencia de justicia ambiental no sólo en la zona de Minatitlán-Coatzacoalcos —región donde se localiza Nanchital, una de las zonas con más accidentes petroleros a nivel mundial producto del TLCAN y la privatización de PEMEX—, sino en todo el territorio nacional. Es fundamental regular los proyectos, poner candados jurídicos a la privatización de los territorios/bienes y garantizar que la riqueza esté salvaguardada. También es importante garantizar el uso soberano del sureste mexicano con candados constitucionales, estatales y municipales, reconociendo la autonomía de los pueblos. Sin esto, simplemente no funciona.
La 4T enfrenta la contradicción de dar resultados en el corto plazo y planificar un desarrollo sostenible a largo plazo que supere el consumismo y el productivismo. Sin caer en el discurso del decrecimiento, es necesario cuestionar la viabilidad de una nueva forma de Estado basado en la redistribución neo-keynesiana de la riqueza y en un mayor consumo que históricamente ha desembocado en un consumismo abstracto y un aspiracionismo acrítico funcional al corrimiento fascista y a la propia reproducción de las relaciones capitalistas.
Asimismo, se vuelve fundamental pensar en el horizonte de una sociedad ecológica y en esta tarea habrá que avanzar necesariamente en la reducción de necesidades materiales. Hay que pensar nuevas formas de sustento material del Estado ampliado distintas a una forma decadente basada en el petróleo masificado, pues cabe cuestionar cuál es el límite de incorporación de demandas populares relacionadas al consumo capitalista que puedan satisfacerse en el marco de la franca crisis del patrón técnico petrolero. Romper con la modernidad americana como modo de vida es pensar en las alternativas a la civilización petrolera abstracta[10]. A la par del reforzamiento soberano del sector de los hidrocarburos, es fundamental transitar a un sistema urbano-rural ferroviario y eléctrico de alto volumen (trenes, metros) e impulsar las iniciativas de transición energética hacia energía renovables o alternativas (solar, eólica, geotérmica, hidroeléctrica) respetando la soberanía nacional y la autonomía comunitaria.
Analizar con una visión estratégica, ya no dirigida a los intereses de los grandes carteles petroleros, sino con la finalidad de determinarse y dirigirse como proyecto de nación dirigido al desarrollo interno (excedente económico) “...es una modernización que no desprecia la “suave patria” sino que pretende rescatarla del carácter oligárquico que la ahoga en secreto, dándole un uso social y nacionalista a la riqueza petrolera” (Echeverría, 2011, p. 430).
El petróleo como riqueza material objetiva, como el valor de uso estratégico por excelencia, abre una posibilidad de autodeterminación debido a su multiplicidad de productos que se generan y cómo matriz energética en los siglos XX y XXl. Además, es un constructo ideológico de progreso y soberanía. Hablar de un Estado nacional soberano es expresión de una lucha por la democracia social frente a las estructuras coloniales imperiales (González, 1983, p.74). Como lo apunta Zavaleta, la defensa de la soberanía nacional debe ser una prioridad para las naciones dependientes pues:
Los Estados naciones “dependientes” no pueden seguir un curso de crecimiento “normal” como los procesos europeos o “estadounidense”, porque precisamente, la fase última del Estado nacional de los países opresores, que es el imperialismo, obstaculiza la realización del Estado nacional de la semicolonial. La nación lucha por la defensa de sus recursos naturales y de su mercado interno, pero, en la medida que logra éxitos, perjudica y vulnera la riqueza y la naturalidad del Estado nacional imperialista. Por eso solo puede hacerlo aprovechando coyunturas de emergencia política en los países del centro, como las guerras, o movilizando revolucionariamente a sus masas. Cuando Lenin escribió que “el que no favorece el nacionalismo de los países oprimidos, favorece el nacionalismo de los países opresores” sin duda tenía presente este carácter básicamente defensivo del nacionalismo de las semicolonias (2009, p. 45).
Reflexionar acerca de la relación entre el desarrollo económico y la formación del Estado nacional en América Latina es definir el papel de las clases nacionales y la dirección que tome; es un tema central de la lucha de clases ya que hay un desarrollo que libera y un desarrollo que no libera. Como lo menciona Zavaleta: “...la soberanía de un Estado nación es siempre proporcional a su fuerza material, solamente un necio puede sostener que la posesión o defensa de los recursos estratégicos en sí es una desgracia para el país.” (2011, p. 65).
La defensa de la soberanía nacional energética forma parte de la defensa de nuestro territorio en tanto fuerza política objetiva. Si bien durante la globalización neoliberal la soberanía está limitada o restringida, continúa siendo una atribución necesaria e inherente al Estado democrático. Entonces, la defensa de la soberanía nacional energética debe ser la defensa de un proyecto nacional incluyente, popular y democrático con su base material que le permite autodeterminarse y darse forma a sí mismo, así como construir una identidad nacional. Al respecto, ya el siglo XX nos ha demostrado que la lucha de los pueblos por nacionalizar sus recursos prospectivos e industrializarlos ha estado estrechamente ligado con su independencia económica no solo en América Latina, sino en diversos países dependientes del mundo.
Disputar un Estado soberano en América Latina en tiempos neoliberales suena algo lejano y difícil, pero antes del neoliberalismo se consideraba algo esencial e ineludible para lograr la emancipación económica de los países latinoamericanos. Cabe aclarar que la defensa y disputa de los recursos estratégicos a nivel nacional no convierte mecánicamente al Estado mexicano en un país soberano; si bien existe una fuerza objetiva potencial y maleable, también puede reducirse a un desarrollismo que desemboque en una redistribución de la riqueza acrítica y consumista. En última instancia, sólo la articulación entre la gestión soberana del “excedente económico” y una claridad ético-política configuran la clave para pensar la realización política efectiva de un país soberano.
Hasta aquí la segunda parte del texto. En la tercera y última parte profundizaremos en la necesidad política de la articulación entre MORENA y los diversos movimientos populares, la cual puede favorecer la inscripción de las demandas populares en el Estado. Todo ello reconociendo críticamente los límites y alcances de MORENA y la 4T.
NOTAS
[1] Vease Martínez y Alegría (2021).
[2] Sumado a lo anterior, hay que mencionar que, si bien no se ha puesto un alto total al fracking, si se ha limitado su expansión en la franja que va de Texas a Tehuantepec. El caso de la minería es similar, no se han cancelado todas las concesiones, tal como lo han exigido diversos movimientos sociales, pero se ha limitado el boom minero en comparación con los gobiernos anteriores, y recientemente, se ha iniciado una serie de medidas que buscan fortalecer la recaudación fiscal y regular aspectos laborales.
[3] Véase Jiménez y Méndez (2021).
[4] Véase Saxe-Fernández (2020).
[5] Véase Cota (2021).
[6] La industria petroquímica y la refinación son áreas estratégicas. La inversión en ambos procesos genera que la tasa de retorno se multiplique al diversificarse en diversas actividades, y mientras más procesos químicos pasa el petróleo, más industrias son necesarias y con ello un mayor número de personas empleadas (Saxe-Fernández, 2009).
[7] Como señala Saxe-Fernández (2019), la nacionalización del petróleo en 1938 desatendió el diseño colonial/militar estadunidense y desplegó un gran esfuerzo en el desarrollo, investigación y preparación de trabajadores, técnicos y docentes (UNAM e IPN), esto con la finalidad de reforzar la industrialización del petróleo y del gas natural como grandes generadores de cadenas productivas y empleo.
[8] La petroquímica fue desarrollada de forma extraordinaria en México convirtiéndose en los años 70 en la más importante en América Latina. Pero el impulso de PEMEX respecto a encadenamientos productivos nacional-estatales preocupó a la cúpula de Exxon Mobil, Conoco Phillips y Chevron Texaco, pues para dichos capitales, la virtual eficiencia de PEMEX dañaría las operaciones petroleras privadas (bélico-industrial) en el resto de América Latina y en Oriente Medio (Saxe-Fernández, 2019).
[9] Al respecto considérese el caso mexicano (1938), chileno (1971), boliviano (2006) y venezolano (2007).
[10] Es fundamental tener claro que el petróleo en sí no es el problema como mencionan diversas posturas que no parten desde la crítica de la economía-política. Como es sabido, este valor de uso responde a una productividad abstracta que posibilita la lógica de acumulación de capital. En otras coordenadas, específicamente en el sentido utópico socialista, respondería a un uso racionalizado en términos energéticos y a una materialidad que responde solo a las necesidades prioritarias y no a una masificación de productos que no son necesarios en términos vitales provocando un derroche y desperdicio irracional.
FUENTES
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Cota, I. (2021, febrero, 23). México resiente el alza en los precios de los energéticos tras la nevada en Texas. En El País Recuperado de: https://elpais.com/mexico/2021-02-23/mexico-resiente-el-alza-en-los-precios-de-los-energeticos-tras-la-nevada-en-texas.html
Echeverría, B. (2011). El petróleo y la cultura mexicana. En Antología. Crítica de la Modernidad Capitalista (pp. 427-430). La Paz. OXFAM.
González, P. (1983). La lucha por la democracia, la soberanía nacional y la no intervención en No intervención autodeterminación y democracia en América Latina (pp.71-80). México. Siglo XXI. México.
Jiménez, N. y Méndez, E. (2021). Diputados aprueban en lo general reforma a Ley de la Industria Eléctrica. En La Jornada Recuperado de: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/23/politica/diputados-aprueban-en-lo-general-reforma-a-ley-de-la-industria-electrica/
Martínez, F. y Alegría, A. (2021, marzo, 13). Descubre Pemex gran yacimiento de petróleo. En La Jornada Recuperado de: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/13/economia/descubre-pemex-gran-yacimiento-de-petroleo/
Saxe-Fernández, J. (2020). Chamuco TV. Entrevista en TV UNAM. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=tWjjl3gzP-c
Saxe-Fernández, J. (2019, marzo, 19). México, su petróleo y la narrativa imperial. En La Jornada. Recuperado de: https://www.jornada.com.mx/2019/03/19/opinion/016a1pol
Saxe-Fernández, J. (2009). La energía en México situación y alternativas. México. CEIICH. UNAM.
Zavaleta, R. (2001). Soberanía significa industria pesada. En Obras completas. Ensayos 1957-1974 (pp. 59-70). La Paz, Bolivia. Plural Editores.
Zavaleta, R. (2009). La formación de las clases nacionales. En L. Tapia (Comp.), La autodeterminación de las masas (pp. 35-47). Bogotá: Siglo del Hombre. CLACSO.
