El capitalismo neoliberal presenta sincrónicamente la crisis económica, política y ambiental más profunda de su historia; crisis cuyos impactos negativos respecto a las clases populares están siendo exacerbadas por el Covid-19. Frente a las diversas consecuencias desatadas por dicha crisis mundial, y la reconfiguración productiva que implica, es posible distinguir la vigencia de distintas fuerzas políticas que pugnan por diferentes salidas a la crisis antes mencionada. A grandes rasgos, se pueden agrupar tales fuerzas antagónicas en tres bloques: uno neoliberal-fascista, otro reformista y uno más anticapitalista.
Ante la crisis del libre comercio y el ascenso de las fuerzas antineoliberales y reformistas, las fuerzas conservadoras se han reactivado para mantener inalterados sus intereses particulares mediante acciones de corte abiertamente fascista. Desde las crisis de 2008, y sobre todo a partir de la recomposición hegemónica estadounidense impulsada por Trump (2017), las extremas derechas (Trump, Johnson, Bolsonaro, Le Pen, Abascal, Salvini...) y sus instrumentos de intervención imperialista (FMI, BM, BID, OMC) han ido ganando terreno en su búsqueda por salvaguardar sus intereses.
Por su parte, las fuerzas reformistas (Sanders, Putin, Xi Jinping, Foro de Shangai, Papa Francisco, BRIC’s, progresismos latinoamericanos)[1] proponen una reforma neokeynesiana frente a la decadencia del proyecto global de acumulación neoliberal. En ciertos puntos, se trata de una reforma opuesta al “Gran Reseteo”[2] que plantean las fuerzas impulsoras del Foro de Davos. En otras palabras, se trata de una propuesta opuesta a la recomposición hegemónica de los grandes capitales estadounidenses (ahora bajo el liderazgo de Biden) que busca establecer límites a la acumulación neoliberal mediante la instauración de un proyecto de acumulación acorde al interés general capitalista y con la incorporación de los sectores populares al mercado interno (crecimiento económico, pactos de acceso al consumo, redistribución material, mercado interno y cooperación internacional).
En América Latina, dicha relación de fuerzas se expresa en el enfrentamiento político abierto entre las rapaces oligarquías nacionales (articuladas con las burguesías metropolitanas) y las fuerzas progresistas-reformistas y anticapitalistas; relación en la que generalmente se presenta una ruptura —más o menos profunda según sea el caso— entre las fuerzas progresistas y las anticapitalistas. Lo que nos interesa señalar es que, ante tal escenario, y aún con múltiples contradicciones, a nivel regional los progresismos latinoamericanos representan hoy en día la principal fuerza articuladora de prácticas y sentidos comunes antineoliberales, y, por ende, configuran la principal fuerza de disputa estatal a escala nacional-regional frente al neoliberalismo en tanto Estado de excepción[3]. En términos generales, este es el escenario general en el que se enmarcan los esfuerzos de la llamada Cuarta Transformación (4T) en México. En su unidad, dicho escenario global y regional ha reposicionado la centralidad de la disputa popular por el Estado y la nación frente a poderes neoliberales e imperialistas.[4] Desde nuestro punto de vista, esta realidad es insoslayable y sólo a partir de ella es posible entender los límites y alcances del proceso político de la 4T.
A nivel nacional, la 4T representa la fuerza hegemónica que articula políticas y sentidos comunes antineoliberales. En esta fuerza se condensan numerosas demandas populares y algo más que es de gran relevancia: las esperanzas de las mayorías. La disputa estatal que se plantea “desterrar” al neoliberalismo no es nada despreciable si se valoran críticamente las profundas y desastrosas consecuencias en términos nacional-populares tras cuatro décadas de neoliberalismo. Lo relevante de este hecho es que después de varias décadas de ofensiva neoliberal, la 4T ha articulado una fuerza política de alcances nacionales con el potencial para cuestionar las estructuras de dominación y explotación neocolonial impuestas durante las últimas décadas. Después de la larga “noche neoliberal”, la 4T ha abierto un horizonte de liberación y autodeterminación para las clases populares. Esto es lo fundamental que hay que reivindicar. La semilla germinó en 2018, pero falta fortalecer sus raíces, regarla y abonarla, a pesar de las profundas contradicciones que se presentan para 2021.[5]
A escala regional, la 4T tiene un enorme significado porque luego del regreso de la derecha al gobierno (Ecuador, Brasil, Uruguay), abre un nuevo ciclo progresista que inicia justo en el “patio trasero” de Estados Unidos y amenaza extenderse a los países tradicionalmente neoliberales como Chile, Colombia y Perú.[6] Sin lugar a dudas, en México se juega parte del presente y del futuro de América Latina. De ahí se deriva una gran responsabilidad histórica. Por lo tanto, creemos que es necesario sumar voluntades colectivas de manera crítica, pues la experiencia latinoamericana (Macri, Lenin, Bolsonaro) nos enseña que una victoria popular puede convertirse en una amarga derrota.
Desde tal perspectiva, pensamos que el logro más significativo de la 4T es el cuestionamiento y la impugnación de la barbarie neoliberal como resultado del capitalismo multinacional que se instaló progresivamente por vía de las grandes empresas y la globalización económica. Otros logros significativos son el retorno de la política, la ampliación de derechos, la recuperación del papel interventor-productor del Estado, un gobierno abierto a la negociación política, la redistribución de la riqueza, el combate a la corrupción y la austeridad.
En términos materiales la 4T avanza pues más allá de cierto asistencialismo corporativo, las políticas de redistribución posibilitan la satisfacción parcial de necesidades materiales elementales de los sectores populares mediante la entrega directa de diversos apoyos, becas y estímulos económicos. Si bien, estas medidas no son suficientes y tienen deficiencias, lo cierto es que coadyuvan a la mejora de las condiciones de vida de las franjas más desfavorecidas. En este marco se inscribe el incremento salarial, la pensión a adultos mayores, las becas a estudiantes, los apoyos a discapacitados, madres solteras, etcétera. Esto es reivindicable frente a la derecha. Aquí no se puede ceder.[7]
Algo relevante es que, a diferencia de los progresismos del cono sur, la redistribución no se basa como tal en precios altos de los commodities, tampoco en el auge del extractivismo o en una reforma fiscal progresiva, sino en el combate a la corrupción[8] y la austeridad (1.5 billones de pesos) y el cobro de impuestos atrasados (75 mil millones de pesos). Esto último configura la fórmula de la legitimidad del gobierno (65% de aprobación civil) en comparación con otros progresismos. Aunque necesarias, dichas medidas derivan en una legitimidad endeble pues los pilares materiales de las oligarquías siguen en muchos casos intocados y tarde o temprano llegará el momento en que deberán ser atacados, tal como se comienza a mostrar con el reciente Decreto de Prohibición Gradual del Uso de Glifosato y Maíz Transgénico y la Ley de Industria Eléctrica, por mencionar algunos ejemplos.
Con el objetivo de mantener estabilidad económica, el gobierno ha optado por ciertas alianzas con grupos empresariales, de ahí que esto derive en un proyecto interclasista, en un cambio moderado y paulatino, sin rupturas tajantes con las oligarquías nacionales/transnacionales. Esto resulta comprensible por diversas razones, entre ellas la particularidad de la relación de fuerzas, la posición geográfica de México y la dificultad de llevar a cabo medidas con mayor grado de antagonismo de clase dado el actual escenario de desmantelamiento material-subjetivo de la nación. En suma, las condiciones para desarrollar políticas más radicales son diferentes a la de los países sudamericanos. No obstante, el horizonte está abierto, nada está definido. Bien puede derivar en regresiones extremadamente autoritarias o en un avance político de las clases populares.
Desde nuestra perspectiva, consideramos que el anterior panorama nos brinda ciertas coordenadas para comprender de manera general el mapa político global y regional en el que se desenvuelve la 4T y nos otorga más herramientas para pensar nuestra praxis política colectiva y nuestras posibles alianzas al interior y exterior de México. En la segunda parte del texto profundizaremos sobre los alcances y límites de la 4T en términos de soberanía nacional.
NOTAS
[1] Nos referimos fundamentalmente a los progresismos nacional-populares (Venezuela y Bolivia) y en menor medida a los de centro-izquierda (México y Argentina).
[2] El Gran Reseteo o Reinicio es la propuesta de recomposición oligárquica emanada del Foro Económico Mundial mediante la cual, frente a la crisis neoliberal exacerbada con el Covid-19, el gran capital financiero e industrial ligado a la electroinformática y la inteligencia artificial busca reconfigurar los mecanismos de sustracción y transferencia de valor en abierta confrontación con los capitales representantes del decadente patrón técnico petrolero (Barreda, 2020).
[3] En el Estado de excepción el terror como política es la norma, sin embargo, “lejos de la escisión-oposición entre ley y violencia, la ley constituye el código de la violencia pública organizada. De ahí que la cuestión de los límites, o las garantías, que el Estado como Estado de derecho pone contra su propia violencia sea siempre una cuestión abierta, que se juega en el campo de la correlación de fuerzas sociales”. Véase: Rivadeo, A. (1998). La violencia neoliberal. La demolición de los vínculos. Hacia una epistemología del terror. Recuperado de: http://ru.ffyl.unam.mx/handle/10391/1880
[4] En el caso mexicano, este escenario representa una oportunidad histórica para valorar colectivamente las consecuencias y agravios de cuatro décadas de neoliberalismo, y organizarnos para salir de él.
[5] Insistimos en que hay que valorar el horizonte de disputa que representa la 4T a partir del entendimiento crítico de las condiciones materiales y subjetivas tras cuatro décadas de neoliberalismo ya que, desde nuestra perspectiva, la perspectiva de liberación no depende sólo de la voluntad política —coordenadas en las que se mueve la ultraizquierda—, sino de las condiciones históricas concretas.
[6] Además, habría que valorar en términos políticos regionales el posible arribo al gobierno de Arauz en Ecuador, el regreso de Lula a la política brasileña y la vuelta del MAS al gobierno de Bolivia.
[7] Logros importantes son la cancelación del NAICM, las pensiones a expresidentes, las rondas de la reforma energética, el fracking y la reforma educativa, el alto al otorgamiento de concesiones mineras, el combate al huachicol, el impulso de infraestructuras como caminos y hospitales, el no endeudamiento público, el apoyo a la ciencia y la educación, la fijación de precios de garantía, la democratización de los sindicatos, la liberación de presos políticos, una buena política exterior, el encarcelamiento de funcionarios corruptos, la consulta a expresidentes, la no alza en los precios de los combustibles, la desaparición de los fideicomisos, entre otros.
[8] Para Rivadeo (2017) “la corrupción es una modalidad esencial de la gestión del capitalismo neoliberal: sin la corrupción de la esfera político-estatal las corporaciones transnacionales no pueden bajar los salarios, ni apropiarse de los territorios y los recursos públicos de la nación. La corrupción no puede reducirse a su estatuto ético o moral. Se trata de una política de administración de una crisis económico-política sin retorno en el marco del capitalismo actual. Un núcleo de barbarie insuperable sin la adecuada comprensión de su densidad y su carácter estructural”.
FUENTES
Barreda, A. (2020). Capitalismo contemporáneo. Curso impartido en la Facultad de Economía, UNAM, Ciudad de México.
Rivadeo, A. (1998). La violencia neoliberal. La demolición de los vínculos. Hacia una epistemología del terror. Recuperado de: http://ru.ffyl.unam.mx/handle/10391/1880
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