El territorio es el terruño: aquel espacio donde una comunidad produce y reproduce su existencia. El terruño es la tierra de la cual se vive, es la casa, es la unidad hombre-naturaleza. Es en ese territorio, que antes fuera tierra y fuera casa, donde ahora hay terror esparcido por doquier, ocasionado por el Estado mexicano y el capital nacional y trasnacional.
Territorio no es más sinónimo de terruño, sino también de terror. Y defender el territorio es arriesgar la vida, porque la vida para el capital sólo importa cuando es trabajo vivo, cuando produce valor. Cuando no es así, al capital le estorba. Más aun cuando se interpone –y opone– a sus intereses, cuando representa un obstáculo a la infinita sed de ganancia de todas sus corporaciones y empresas.
Bajo el neoliberalismo y sus políticas esto se ha profundizado, pues dicha dinámica –que se inauguró en México bajo el mandato de Miguel de la Madrid– ha reorganizado las estructuras nacionales a tal grado que casi todo aquello ganado durante el siglo XX se ha perdido en poco más de 30 años. Y la crisis económica que se desprende del modelo neoliberal no ha hecho sino exacerbar todo cuanto acontece en la lucha permanente por la ganancia de las empresas, ocasionando en cada país síntomas comunes que están llevando a una barbarie generalizada. Esto, para las comunidades que defienden el territorio, no se traducirá sino en el recrudecimiento del terror y la violencia, pues, para el neoliberalismo, la naturaleza forma parte de los elementos estratégicos para la producción capitalista, a la cual no le importa el tamaño de la catástrofe ambiental que pueda ocasionar, ni mucho menos la sangre que tenga que derramar, con tal de escapar a la permanente caída de la tasa de ganancia.
La condena al terror
Es por ello que hoy el territorio ya no es el apacible terruño del que uno se va sabiendo que podrá volver a él. Ahora, la gente es desplazada forzadamente de sus terruños porque aquella riqueza natural, que antes asegurara su vida, es ahora una condena. La biodiversidad se ha visto subsumida en la disputa inter-capitalista, y esto no puede sino significar una condena permanente al terror que implica verse en el medio de una lucha tan descarnada por los recursos naturales.
Y aunque pudiera parecernos distante, es también una condena de muerte para nosotros, grises habitantes de la ciudad –como gris es la polución ambiental, producto de la contaminación industrial. Nosotros, que ya no entendemos de terruños ni de territorios, cómplices y víctimas somos y seremos y de la debacle medioambiental a la que está llevando la producción desmedida de automóviles, celulares, computadoras, y cuantos otros tantos bienes que insumen una cantidad de recursos que roza lo incuantificable.
Además, el terror también está en nuestras ciudades, no sólo por los feminicidios y otras aberraciones, sino también en la disputa de las inmobiliarias por los espacios urbanos que ocasionan desplazamiento y encarecen la vida. Aunque sin duda el terror más directo llega a las comunidades indígenas y campesinas, quienes tanto en México como en otros países periféricos han sufrido de la coerción directa aplicada por los diversos Estados y los capitales; a los cuales éstos apoyan. Y es que no es casual que las grandes empresas de los países centrales se muden a los países periféricos –lo que se conoce como descentralización de capitales–, pues están en busca de mano de obra explotable y condiciones jurídicas favorables, como las que se aplican en México para las mineras canadienses.
En su país, las mineras canadienses deben soportar una serie de regulaciones ecológicas para la extracción, dar condiciones de trabajo dignas y pagar cuantiosas sumas en impuestos, mientras que México no es sino su paraíso, pues en nuestro país pagan el equivalente a 0.039 por ciento de sus utilidades netas, llevándose el 99 por ciento de las ganancias de vuelta a su país, dejando en México pobreza y devastación ambiental [1]. Además, aquí obtienen el apoyo del Estado mexicano no sólo en materia de impuestos y regulaciones fiscales, sino también en cuanto a sus obligaciones ambientales y para con los pueblos indígenas, violando rampantemente las leyes tanto nacionales como internacionales, como el acuerdo 169 de la OIT en materia de derechos de los pueblos originarios a la consulta y otros mecanismos de protección contra el despojo y la usurpación.
Estados como el mexicano permiten esto no sólo por una cuestión de corrupción, sino también por tratarse de un Estado dependiente al que es fácilmente aplicable la coerción económica y extraeconómica por parte de países como Canadá y Estados Unidos. La coerción económica incluye que sus empresas se hagan del control del territorio nacional y con ello fortalezcan su hegemonía como potencias.
Otro mecanismo que dichas empresas ocupan en México es lo que el investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, Andrés Barreda, llama “ingeniería de conflicto”.[2] Se trata del despliegue del terror por parte de las empresas y corporaciones, las cuales, con la supervisión de unos cuantos “nobles” egresados de diversas carreras –como sociología o antropología– detectan los problemas internos de las comunidades para desatar conflictos de índole político, utilizando para ello la compra de voluntades y la entrega de armas para provocar una escalada en el conflicto y que éste derive en la expropiación y el desplazamiento forzado de los habitantes.
Esto es llevado a cabo no sólo por las mineras, sino por cualquier empresa o corporación, ya sea nacional o trasnacional, inmiscuida en algún megaproyecto. Y es que las concesiones territoriales que otorga el Estado a las empresas casi siempre encuentran resistencia, ya que estas siempre derivan en saqueo, desplazamiento, intoxicación y muerte para las comunidades. Si no fuese así, y más bien esos megaproyectos fueran buenos para las comunidades y dieran empleos –como afirman empresarios y burócratas–, la información de este tipo de concesiones no sería tan difícil de rastrear ni los datos estarían tan suciamente tergiversados.
Asesinatos impunes
Todo esto ha llevado a que, según la organización no gubernamental, Global Witness, en 2015 fueran asesinados alrededor del mundo 185 defensores de la tierra y del medio ambiente, cifra nunca antes vista. Brasil, Filipinas y Colombia estuvieron entre los más mortíferos, quedando México en décimo lugar con cuatro asesinatos.[3]
Tan sólo en Brasil se contabilizan 50 muertos, mientras que en todos los países referidos en el último informe de Global Witness se calcula que el 40 por ciento de quienes han sido asesinados pertenecen a comunidades indígenas que no hacen sino defender lo que es suyo: sus valores de uso, sus formas de relación con la naturaleza y sus formas de trabajo. El terror es esparcido en sus comunidades por quienes pretenden saquearlos y despojarlos a fuego y sangre, por medio de la “ingeniería de conflicto”, la cual también pone en marcha paramilitares para cometer asesinatos con total impunidad.
Ante la catástrofe…
Quizás el terror no sea para nosotros tan cercano, pero insistimos en que la catástrofe ambiental contra la que luchan las comunidades nos llegará… tarde o temprano, pero nos llegará. Y, en los hechos, ha llegado ya a las ciudades: la contaminación, las enfermedades, la falta de agua y lo caro de la energía eléctrica y la gasolina son producto de la crisis ambiental. Por eso la lucha por el territorio es también nuestra lucha: de las amas de casa, de las estudiantes, de los trabajadores, de los niños. Porque los que luchan por el territorio defienden el campo, los bosques y las selvas, pero todo ello engloba, en primer lugar, nuestra soberanía tanto de alimentos como de otras materias primas, cosa que asegura el que podamos reproducir nuestra propia existencia y no dependamos ni política ni económicamente y como actualmente lo hacemos, de los países hegemónicos.
La lucha es en defensa de nuestros terruños a nivel local, pero también es por las condiciones de vida inmediatas que nos permitan seguir luchando y mejorando, permanentemente, dichas condiciones de vida a nivel nacional. Sólo así podremos poner un freno a la catástrofe ambiental a la que nos lleva el neoliberalismo, pero también a toda la muerte y violencia a las que las políticas de este modelo económico pretenden condenarnos.
Dedicado a Berta Cáceres y todos los luchadores caídos.
*Imágenes: 1) flickr Anthony DeLorenzo
[1] Seminario Proceso, Mineras canadienses: Ejemplares en su país, corruptas en México. http://www.proceso.com.mx/360785/mineras-canadienses-ejemplares-en-su-pais-corruptas-en-mexico-2
[2] La Jornada, 20/04/2012, Mineras aplican ingeniería de conflictos para expropiar tierras. http://www.jornada.unam.mx/2012/04/20/politica/023n2pol
[3] La Jornada, 20/06/2016, Fueron asesinados 185 ambientalistas el año pasado, reporta Global Witness. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/20/se-disparan-en-2015-asesinatos-de-ambientalistas
