Bachajón: Resistiendo al neoliberalismo

San Sebastián Bachajón es una comunidad Tseltal cuyas tierras se ubican en la entrada a las cascadas de Agua Azul al norte de Chiapas, una de las maravillas naturales del país que el gobierno, sirviendo a los intereses de grandes empresas transnacionales, tiene en la mira y destina presupuestos a través del Fondo Nacional de Turismo (FONATUR) para obras desde el 2001 y que ahora se posiciona para consolidar el megaproyecto “Centro Integralmente Planeado Palenque” (CIPP) al que campantemente se refieren como el Cancún Chiapaneco. Tras unos días de la conclusión del Festival de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo, el 9 de enero de 2015 a las 6:30 am. Se presentaron alrededor de 900 elementos de las policías federal y estatal para retirar a la comunidad de Bachajón de manera violenta de los 2000 metros cuadrados de tierra comunal que habían recuperado apenas un año antes; el 21 de diciembre del 2014.

Los ejidatarios de Bachajón se sumaron a la sexta declaración de la selva lacandona en 2007. Después de esto, tomando distancia del Estado mexicano, reivindican autónomo su terreno y su pueblo de acuerdo a los Tratados de San Andrés; toman la caseta de cobro para los turistas que visitan las cascadas desde 2009, el cobro del peaje lo compartían con los vecinos Choles habitantes de Agua Azul. Esa caseta les fue arrebatada por vez primera el 21 de diciembre de 2011 junto a 2 mil metros de tierra comunal. El acoso de las autoridades ha dejado dos muertos de San Sebastián, la aprehensión de tres personas y la tortura de dos (hasta ahora).

En un principio puede parecer que la caseta de cobro era el origen de la disputa entre las autoridades mexicanas y el pueblo Tseltal. Tras su arrebato, se declara a la caseta y al terreno como responsabilidad de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), se aumenta la cuota de acceso hacia las cascadas y se designa la mitad del dinero recaudado recaudado a Conanp y el resto para dividirse entre Agua Azul y los habitantes afiliados al PRI y el Verde Ecologista de San Sebastián. Ahondando un poco más en el asunto podemos ver que la caseta no es el meollo, que es el pretexto para irrumpir en la dinámica de gestión del territorio por los propios habitantes; y además un bono económico para los implicados en la operación de despojo. Sigamos: La zona ilegítimamente tomada se designa ‘área protegida’, así se expropia la tierra, se restringe el acceso a sus dueños, poseyéndola para disponer de ella en el momento más conveniente, ¡el momento en que le sirve para llevar a cabo un mega proyecto!

El CIPP contaría con hoteles de lujo, campos de golf y la carretera San Cristobal-Palenque; parte del proyecto contempla construirse en el ayuntamiento de Chilón (el cual nos interesa pues ahí reside la comunidad de Bachajón) el cual tiene un 70.6% de población en condiciones de pobreza según el informe del Consejo Nacional de Evaluación de Desarrollo de la Política Social (Coneval).

Ésta iniciativa turística es otra expresión de la constante, cínica, efectiva y cómoda acumulación por despojo que el neoliberalismo, arraigado en las acciones de la clase conformada por el entramado empresarios y políticos mexicanos, ha realizado o está realizando a lo largo y ancho del país: Las empresas, mediante las modificaciones legislativas y la fuerza de sus brazos armados (militares y paramilitares) se adjudican territorio para explotarlo de forma estratégica y hacerlo un punto de flujo constante de dinero, ¿Esto no es beneficioso para un México que quiere salir del atraso al que está rezagado económicamente? No si consideramos cuánta es la población del país que puede tener acceso a esos espacios diseñados para transitar y consumir como carreteras de peaje, grandes centros comerciales, oficinas de trabajo, hoteles o viviendas de lujo. De acuerdo, quizá el “acceso” no se restringe para la totalidad de los mexicanos: queda espacio para los empresarios, la clase política, el turismo extranjero y las personas que estarán ahí trabajando por sueldos precarios como vigilantes y prestadores de servicios diversos.

Las denuncias por el caso de Bachajón aumentan, se pronuncian diversas agrupaciones en solidaridad, se llama a la resistencia por la vida y por el respeto a las formas de construcción social alternativas al Estado mexicano; hay que resaltar la forma pacífica en que habían retomado los ejidatarios su tierra, en comparación con los modos brutales en que interviene el estado cuando se trata de cumplir con sus intereses, pensando quizá aún que no violencia puede generar no violencia; responsabilizan directamente a Enrique Peña Nieto, Manuel Velasco Coello y Leonardo Guirao Aguilar, alcalde de municipio de Chilón, Chiapas. Y todo esto –la denuncia de la brutalidad de las fuerzas policiacas, militares y paramilitares, los nombres de los responsables que se jactan de estar llevando al progreso al país mientras lo acaban cada vez más rápido, el apoyo de palabra y de facto, etc.– es sumamente importante, es necesario. Pero es también necesario sumar fuerzas como organizaciones permanentes, que no solo reaccionen ante las situaciones de emergencia, sino que construyan constantemente un proyecto que cuestione y enfrente al dominio de los que más tienen y permitan al conjunto de la población, los indígenas, los trabajadores, los citadinos y los habitantes del campo discutir y tomar decisión sobre cómo avanzar a una mejor forma de vida, pasar de la resistencia en los límites (cada vez más estrechos) del mundo capitalista.