El desarrollo histórico del capitalismo en México ha configurado diversas formas de explotación y de despojo. Mientras la clase trabajadora se ve sometida la precarización del trabajo y al desempleo, a la par crecen los mecanismos para reducir su acceso a los bienes comunes como el agua.
Precisamente a principios del mes de marzo del presente año la Cámara de Diputados trajo a discusión una nueva Ley General de Aguas. Un paso más en el proceso de su privatización. Esta nueva ley pretende, a grandes rasgos, otorgarle a los grandes capitales el libre acceso, sobreexplotación y manejo del agua sin ningún obstáculo, además de formalizar y legalizar de una vez por todas el cacicazgo ejercido de hecho sobre este recurso natural. Esta privatización está vinculada a otros procesos neoliberales en el espacio rural como la mega minería y, en el espacio urbano, enormes proyectos inmobiliarios y la urbanización desmedida.
Un bien común visto como mercancía
En general, el aire, los bosques y el agua son todavía bienes comunes porque el capitalismo antes no requirió su privatización generalizada. Como son condiciones necesarias para la reproducción humana, esos bienes comunes no deben contener valor comercial y por lo tanto, es imprescindible evitar que se les pueda poner un precio y que se comercie con ellos.
En el caso del agua, para que nosotros podamos tenerla y satisfacer nuestras múltiples necesidades, el agua tiene que ser tratada por medio de procesos como la extracción, potabilización, suministro, canalización, embotellamiento y distribución del líquido. Estas operaciones hídricas tienen un costo, en general asumido por el Estado y pagado mediante dinero público, y que es lo que sirve ahora a los gobiernos neoliberales para justificar la privatización del agua. Aluden costos que no puede absorber la sociedad y argumentan, los gobiernos neoliberales, que la libre competencia es un mecanismo para mejorar los servicios. De este modo el agua se convierte en mercancía y deja de ser un derecho y un bien común.
Las sinergias del proceso de despojo del agua
Desde principios de los años ochenta una serie de cambios en políticas públicas y en la legislación comenzó el desmantelamiento de la gestión comunitaria de los sistemas de suministro y distribución del agua. En 1981, los sistemas que operaba la federación son entregados a los estados; un año después se obligó a los municipios a atender el abasto de agua y finalmente en 1992, junto con una ley agraria que restó atribuciones a los ejidos y comunidades agrarias, se crea la Ley de Aguas Nacionales.
Esa legislación de finales de siglo, en plena implantación del neoliberalismo en México, estableció a la Comisión Nacional de Aguas (CONAGUA) como única autoridad hídrica, además de que permitió concesiones a empresas privadas sobre los organismos operadores del suministro del agua potable y la disposición de las aguas residuales. Ahora, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley General de Aguas que contiene más mecanismos para la privatización del recurso natural. En primer lugar enuncia que el uso industrial del agua es equiparable con el de uso doméstico y humano, por lo tanto tiene la misma importancia el consumo industrial de las grandes empresas que el de nosotros, los ciudadanos y los trabajadores. A la vez, mientras esa misma ley establece una dotación de 50 litros diarios de líquido para cada habitante del país, para la industria no hay un límite, todo lo contrario: se plantean reglas para el otorgamiento de concesiones para las empresas privadas.
La organización permanente en defensa de los bienes comunes
Como se ha expuesto, en todos estos años se ha planificado una ingeniería jurídica para el control geoestratégico del agua en el espacio rural y urbano. Dentro de las actividades de extractivismo en México, la minería es una de las que acapara una inmensa cantidad de agua, ya que para obtener tan sólo un gramo de oro se necesitan mil litros del líquido por segundo. Para lograrlo la empresa minera podrá saquear el agua de un pozo sin ningún problema u obtenerla por medio de un transvase que traslada el agua desde una cuenca hacia otra distinta para su aprovechamiento, despojando a las comunidades usuarias para beneficiar a las grandes empresas mineras.
Al mismo tiempo, dentro de la zona metropolitana está gestándose un proceso de urbanización salvaje que implica la construcción brutal de casas de interés social en la periferia del Distrito Federal y con ello un mayor crecimiento demográfico, como en el municipio de Tecámac que desde hace 7 años se han asentado un millón de viviendas de Casas Geo. Derivando en un crecimiento promedio de 5 millones de habitantes en el municipio. Está creciente densificación obliga a dar abasto a toda esa población disminuyendo el servicio para la población originaria hasta casi anularlo.
Frente el despojo descomunal y la mercantificación del agua organizados desde el Estado, por medio de la CONAGUA, las comunidades se organizan. Los movimientos sociales en contra de las presas como la Parota en Guerrero, las resistencias por la defensa de pozos y su gestión comunitaria (como ocurre en San Bartolo Ameyalco en la delegación Álvaro Obregón y en el municipio de Coyetepec al norte del D.F. y también en Sonora, por la tribu Yaqui en contra del saqueo del líquido por medio del Acueducto Independencia), son la expresión de defender en esta época histórica uno de los vitales bienes comunes.
A todo ello, desde Colectivo Ratio llamamos a la organización que transcienda la solidaridad con las resistencias por el agua. Plantearse la defensa del líquido es parte de la lucha por mejores condiciones de vida, y debe acompañar a las lucha por trabajo, vivienda y transporte. Es decir, debemos reivindicar que, más allá del derecho humano al agua, los servicios de abasto sean parte del salario.
Organizarnos permanentemente para acabar con el lucro y cacicazgo de los recursos naturales que los gobiernos y CONAGUA ha generado durante años, con la sobreproducción de mercancías que acaban con el medio ambiente, con el enriquecimiento de unos cuantos a costa del empobrecimiento, explotación, exclusión y degradación de la mayoría.
