3 abril de 2015.- ¿Será que la nueva Ley General de Aguas viene a revolucionar las relaciones de producción de dicho recurso? ¿Habrá nuevas formas de extracción, captación, conducción, potabilización, distribución, suministro, tratamiento, recolección, disposición, desalojo, medición, determinación, facturación y cobro de tarifas al usuario final?

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Tomemos sólo una parte de toda la cadena, la nueva “figura” que aparece en la Ley: el trasvase. Dicha figura se define -citamos textualmente del proyecto de ley- “como la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales trasladadas de una cuenca para ser utilizadas en una cuenca distinta con la que no haya conexión natural”.

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Imaginemos un escenario: Digamos que en cierto lugar hay aún mantos acuíferos que pudiesen abastecer del líquido a una cierta población (ahora sería supuestamente suficiente con 50 litros de agua diario por persona). Pero, a la par, en un poblado cerca, la creciente industria, digamos de minería, necesita mil litros de agua pro segundo para obtener un gramo de oro y no cuenta con la suficiente cantidad de agua para realizar dicho trabajo. Entonces, ahora, algún privado puede desviar el curso del agua del primer poblado al otro, puesto que esta práctica estará protegida por la ley.

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En esta época histórica donde es sustituible la necesidad de saciar la sed por la de obtener una ganancia con la compra-venta (producción, distribución…) de mercancías ¿a qué se le dará preferencia?

Nuestro sentido común dirá que a la primera pero la historia moderna nos echará en cara que a la segunda.

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Volvamos a nuestra pregunta inicial, ¿será esto nuevo? O ¿no es que el pueblo Yaqui ya lo ha estado sufriendo -más agudamente- tras el plan del Acueducto Independencia? O el pueblo de San Bartolo Ameyalco, que el año pasado salió a defender sus pozos de agua, que querían arrebatárselos para satisfacer la demanda de agua que requerían las nuevas "industrias" capitalinas. Y qué decir de lo ocurrido recientemente en Coyotepec, con la misma problemática, pero con sus matices.

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A todo ello, podemos concluir que no basta solamente con detener la Nueva Ley de Aguas. Falta, pues, organización. Organización que pueda llevar adelante las propuestas de uso de agua de las comunidades, no sólo para rituales históricos, sino para lo primeramente indispensable, la sobrevivencia. Para acabar con el lucro de los recursos naturales, de la sobreproducción de mercancías que acaban con el medio ambiente, con el enriquecimiento de unos cuantos a costa del empobrecimiento, explotación y degradación de la mayoría.