Mantenimiento al metro y la movilidad mórbida de la metrópoli

22 de agosto de 2015.- Desde el 15 de junio de este año, y al igual que en julio de 2012, la línea A del metro, que recorre las estaciones de Pantitlán a la Paz, ha suspendido su servicio en las 5 estaciones que comprenden de Tepalcates a La Paz. Esto es debido a las obras con las que se nivelarán las vías que se han hundido en 17.1 kilómetros de su trayecto. 101 millones 370 mil 675 pesos es oficialmente la suma que se invirtió al mantenimiento, utilizando los recursos de FIMETRO, fideicomiso con el que se administran los recursos recaudados a partir de que la tarifa para viajar aumentara de 3 a 5 pesos en 2013.

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Analicemos sólo uno de los sentidos del recorrido: La estación de Pantitlán, primera de las 10 estaciones de la línea, recibe aproximadamente 135 mil usuarios usuarios al día en promedio, siendo, según el portal oficial, la segunda estación con más usuarios de toda la red del metro sólo después de Indios Verdes. Estudiantes y  trabajadores han alargado, a partir del inicio de las obras, el tiempo que deben pasar en el transporte público, suspendiendo su recorrido en la estación Guelatao, donde deben descender y esperar hasta media hora para abordar uno de los 170 autobuses de la empresa privada UTEP que se destinaron para cubrir el servicio y con los cuales se llega a las estaciones que se encuentran cerradas en la delegación Iztapalapa o en el municipio de Los Reyes, La Paz, en Estado de México. Agreguemos que es un tiempo extra a las 4 horas que los mexiquenses en promedio pasamos al día en el transporte.

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La vida de unos se precariza para la ganancia de otros

El mantenimiento de la línea A, la construcción de un túnel tras el choque de dos trenes en la línea 5 y el casi año y medio que lleva cerrada la mitad de la línea 12, son ejemplos de faltas en la planeación para la construcción de los medios de movilidad para los habitantes, y de las malas condiciones en que se encuentra la infraestructura a las que no se le da mantenimiento, como denunciaron los miembros del Sindicato de trabajadores del metro en abril y mayo, junto a la falta de compra de herramientas de trabajo.

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Todo esto se enmarca en un creciente malestar entre los trabajadores en las zonas  de afluencia vehicular. Quienes para trabajar requerimos de hacer al menos dos viajes diarios, padecemos angustia, dolor de cabeza, estrés, ira, inseguridad, violencia sexual, hostilidad. Hay un problema de movilidad en las zona metropolitana del Valle de México, tanto para el 69 por ciento de los usuarios de transporte público (metro, metrobús, microbús, tren ligero combis, autobús suburbano y taxi), como para el 31 por ciento que viajan en transporte privado (automóviles, motocicletas y bicicletas.).

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La Zona metropolitana del Valle de México (ZMVM) tiene más de 21 millones de habitantes. Pero esa cifra, aunque nos sirve para pensar las dimensiones del problema de movilidad, no es suficiente para entender qué lo genera. Detrás de tanta gente acumulada está el desarrollo centralizado de zonas urbanas y conurbadas, como aquellas en que se han concentrado los centros de trabajo, siendo aquí donde se instalan bancos, escuelas, fábricas, empresas de mercancías y de servicios. Este proceso de urbanización salvaje ocurre al mismo tiempo que se recortan hasta el límite los apoyos al campo, se despoja de las tierras de uso común a los campesinos, obligándoles a desplazarse a donde puedan obtener un salario porque sus tierras han dejado de pertenecerles o porque ya no pueden vivir de ellas.

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El problema del transporte para los trabajadores de la ZMVM está entonces vinculado al de la falta de medios para vivir en las comunidades en las que se habita, sumado a los negocios entre funcionarios, gobernantes y empresarios que no están interesados en el bienestar de la población en general, sino en el beneficio propio, es decir, su acumulación de riquezas. Tal es el caso de las licitaciones y concesiones de proyectos del Sistema de Transporte Colectivo Metro que los gobiernos del estado de México y el D.F., encabezados por Eruviel Avila y Miguel Angel Mancera respectivamente, hacen de forma constante de los empresarios de CARSO, ICA, Consultoría Integral en Ingeniería (CONIISA), Ingeniería y Asesoría y Consultoría (IACASA) y, Alstorm, OHL y Grupo Higa. Empresas que ofrecen empleo temporal y mal pagado para los trabajadores por la realización de proyectos.

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Los proyectos que realmente sean benéficos para el transporte de los trabajadores; obras de infraestructura y mantenimiento, así como la mejora de las condiciones laborales como salarios, menores tiempos de trabajo y prestaciones, no vendrán como iniciativas de los empresarios ni la llamada clase política; sólo se lograrán a través de una disputa por el poder de los mismos trabajadores. Una disputa que de principio se realice en movimientos populares que exijan la transparencia en las finanzas y el subsidio del transporte público, los impuestos a los medios de transporte concesionados y progresivamente a las ganancias de los empresarios.

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La acción de sectores cada vez más amplios que impulsen estos cambios tiene que hacer que se establezca un proyecto político que busque que las decisiones sobre la gestión del transporte público se tomen de forma colectiva y democrática por quienes lo usan, que lo mismo suceda con los sectores de finanzas, salud y seguridad. Un proceso que lleve a la planificación general de la producción por los trabajadores, campesinos, las mujeres y los jóvenes. Estas medidas (que son sociales, políticas y económicas) serán posibles sólo con la articulación constante de la gente que defienda su vida frente a un neoliberalismo que sólo ha mostrado ser capaz de reproducir para la mayoría las condiciones más adversas para la mayoría, priorizando los intereses de unos pocos.

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