Las candidaturas independientes: nuevo mecanismo de control social

22 septiembre de 2015.- El pasado 7 de junio (2015) tuvieron lugar en nuestro país las llamadas “elecciones intermedias”. Una de las más controvertidas de los últimos años. Celebradas en medio de un proceso álgido, se disputaron 500 diputaciones, 9 gubernaturas, las 16 jefaturas delegacionales, además de ayuntamientos y juntas municipales en 16 estados de la república. Estos comicios, se decía, ayudarían a recuperar cierta hegemonía que el Estado mexicano había perdido en los últimos meses y con lo cual se ponía en peligro su “buen funcionamiento”. Veamos.

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A pesar de los altos índices de “ilegitimidad”, producto de la brecha que abrió la desaparición forzada de  43 compañeros normalistas en Ayotzinapa y las movilizaciones masivas posteriores, el gobierno pudo funcionar regularmente, es más, las elecciones se llevaron a cabo sin contratiempo (salvo algunos lugares en Mich. y Gro.).

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A pesar de todo estas elecciones no fueron como las anteriores debido a: i) lo ocurrido la noche del 26 de septiembre, insignia del proceso destructivo  que ha significado el avance del neoliberalismo en México, y las consecuencias sociopolíticas que desató y; ii) por la aplicación de nuevas leyes regulatorias de los procesos electorales federales, en otras palabras, nuevos mecanismos de control político, presentados como “avances democráticos”.

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Despleguemos este último punto. Hace más de un año, el 23 de mayo de 2014 para ser precisos, entró en vigor la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, derivada de la nueva Reforma Político-Electoral (febrero de 2014),  relevante, entre otras cosas, por la aparición de una nueva figura en la política institucional: las Candidaturas Independientes.

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Esta nueva figura presentada como un “avance democrático” es, en realidad, muestra de los resquicios del modus operandi del PRI en el periodo posrevolucionario (PMR en ese entonces), el cual consistía en cooptar aquellos individuos que tras la Revolución de 1910 quedaron desperdigados y que aun con la inercia de la lucha eran un posible “peligro” para el salto “civilizatorio” dado tras la instauración de la democracia. Asimismo, es reflejo de un retroceso organizativo. Mientras que a mediados del siglo XX se podían encontrar organizaciones combativas, principalmente sindicatos (ferrocarrileros, maestros y trabajadores universitarios…), pero también federaciones de campesinos, empleados públicos y organizaciones de colonos (que el Estado tuvo que acuerparlas para mantener su hegemonía en esta compleja dinámica de concesión/incorporación/represión, mejor conocido como corporativismo), ahora sólo tenemos “emprendedores” (léase ciudadanos) con intención de “iniciar” una carrera política.

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Por otro lado, las CI son objetivaciones de una demanda creciente de la población por la apertura de espacios democráticos que ningún partido político o candidato electo ha podido cumplir, no por falta de voluntad sino a causa del propio carácter de la democracia formal, que aunque posibilite a los “independientes” a ser electos, no significa que pierda las redes clientelares en que se basa dicho sistema (véase el tema de apoyo ciudadano abordado más adelante) ni muchos menos que dejen de impulsar las políticas económicas neoliberales que se han llevado a cabo a lo largo de los últimos 35 años. Ante esto, el Estado hábilmente concesionó esta demanda sin salir afectado.

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Toda esta falsedad del avance democrático, que constantemente se menciona en el discurso oficial y la opinión pública(da), es fácil desmontarla desde diferentes aristas:

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• En cuanto a los vacíos legales podemos tomar en cuenta que no hay reglamentación específica, es decir, todos los CI electos van a cumplir con las mismas funciones que cualquier otro gobernador, diputado local/federal o alcalde  del país; en otras palabras, los Candidatos Independientes tienen toda la pinta de ser partidos políticos, pero con diferente nominación.

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• Luego, el problema del financiamiento es, en primera instancia, un problema cuantitativo: los independientes, al recibir una porción menor del financiamiento público que el asignado a los partidistas, y para igualar el tope de gastos de campaña de estos últimos, pueden optar por financiamiento privado. Como resultado obtenemos una cantidad de presupuesto privado mayor al de los candidatos de los partidos (dejemos a un lado por ahora lo dificultoso que es diferenciar el dinero legal del ilegal que va a parar a las campañas). Esto puede tornarse en un claro posicionamiento del lado de la burguesía, principalmente nacional, a la que ellos mismos pertenecen (hablamos de los que actualmente se han o postulado o declarado interés en participar). Ello abre a su vez la oportunidad a los empresarios para postular a quien, una vez en funciones, ejerza y legisle en favor de particulares. Así, la candidatura independiente, se vuelve un mecanismo para el mantenimiento de las condiciones de inversión, explotación, despojo y exclusión previas a la elección, que aseguraban la acumulación  (y en las que él mismo se desenvolvía) o, aún mejor, pretenda mejorarlas con políticas que lubriquen mejor la movilidad de grandes capitales. Por ejemplo, en la delegación Miguel Hidalgo, Arne Aus den Ruthen, otrora delegado panista de la Miguel Hidalgo en el 2000, se postuló como CI. Arne no proponía poner un alto a la especulación inmobiliaria que está depredando el pueblo originario de Santa Fe, sino que atendería “problemas como los baches o el alumbrado con soluciones técnicas, sin grillas”.

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• Además, otro de los problemas que se avizora en torno a la ley es la cantidad de firmas (apoyo ciudadano) a recabar por los aspirantes (1 y 2% de la lista nominal para presidente y senador o diputado, respectivamente), además del corto tiempo para dicha tarea. Un problema de fondo y no de forma. Si los aspirantes a puestos de elección popular están alejados (no por circunstancia sino por convicción) de problemáticas de la comunidad a la que aspiran representar, ¿cómo se podrá reunir la cantidad de firmas solicitadas si no es por medio del clientelismo?

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Es así que las CI representan un mecanismo más de distanciamiento entre los políticos, por un lado, y los trabajadores, campesinos, afectados ambientales, indígenas, estudiantes y mujeres (todos empobrecidos), por el otro. Siendo esto un verdadero obstáculo para la lucha social y una contención de los sectores populares y su proceso emancipatorio; una candidatura independiente, reiteramos, es lo que la clase política concede ante las exigencias populares de una democracia real, es un ciudadano atomizado con un discurso más o menos conciliador ante los sectores en lucha.

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Si el problema se supone de democracia, ¿por qué no democratizar los centros de trabajo, de estudio, colonias, barrios, comunidades, pueblos, municipios, medios de comunicación? ¿o las tomas de decisiones? Habría que provocar la derogación de estas nuevas leyes mencionadas y otras, teles como el aumento al 3% como requisito de registro a nuevos partidos, la prohibición de coalición al participar por primera vez en una elección y, además, todo ello en periodos de 6 años que van en detrimento para estar en mejores condiciones de lucha. Por último, antes de todo esto, antes de la aparición de decenas de partiditos grupusculares de toda índole, se necesita crear organización en cada lugar enunciado antes: democrática, participativa, consciente y vinculada orgánicamente entre los sectores representados, para que ellos se movilicen y puedan así imponer sus exigencias, y que se amplíe en el tiempo y en el espacio social para ampliar su campo de acción y el horizonte de su lucha hacia una sociedad no antagónica.