Plan Mérida: Estados Unidos pone las armas y México pone los muertos

15 de agosto de 2014.- La Caravana por los 43 normalistas desaparecidos que desde mediados de marzo de 2016 recorrió Estados Unidos fijó como culpables al gobierno de ese país y a su presidente, Barack Obama, de la violencia que azota a México, y en cuya vorágine aconteció el asesinato y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Por ello es que los padres de familia exigieron frente a la Casa Blanca que se suspendiera inmediatamente el Plan Mérida –antes Iniciativa Mérida–, el cual ha desatado una guerra de baja intensidad donde, como se leía en una manta durante la manifestación, “Estados Unidos pone las armas y México pone los muertos.” 

El Plan Mérida surgió como un pacto “de voluntades” entre los gobiernos de Estados Unidos y de México en el año 2008, sin ninguna mediación legal ni vínculo alguno con el derecho internacional. La supuesta finalidad del Plan es que ambos gobiernos logren actuar conjuntamente ante la amenaza que representa el narcotráfico para sus respectivas poblaciones, pero en realidad este pacto significa el sometimiento económico y político de México por parte del gobierno del país vecino.

Dominio militar sobre nuestro país

De este modo, durante el sexenio de Felipe Calderón, el gobierno de Estados Unidos destinó a México 2,300 millones de dólares para la lucha contra el narcotráfico, haciendo entrega de aviones CASA y helicópteros Blackhawk para la vigilancia del territorio, así como de 112 millones de dólares para equipo de inspección en las fronteras; se realizó el entrenamiento de instructores para las academias de Policía Federal y estatales, cursos de liderazgo y supervisión, así como habilidades policiacas básicas y cursos especializados en técnicas de investigación para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). 

Así, el gobierno de Estados Unidos sienta las bases para la profundización del dominio en México, que es su principal y más estratégico territorio de influencia. Dicho dominio ha sido impuesto a través de las instituciones del Estado mexicano, legitimado por la opinión pública y asegurado con las fuerzas militares capacitadas y armadas para enfrentar a los sectores que se opongan. Por su parte –y siguiendo las políticas implementadas por Calderón–, Peña Nieto propuso reformar la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos de manera que los agentes de migración y aduanas de Estados Unidos puedan portar armas en territorio mexicano.[1] Esta iniciativa fue aprobada apenas el pasado 10 de abril y posibilita que el gobierno de Estados Unidos prescinda de la intermediación del Estado mexicano y pueda él mismo hacer las cosas por su propia cuenta en nuestro país.

El gobierno y los grandes capitales de Estados Unidos también aseguran su hegemonía económica a través de ciertos mercados estratégicos como el de las armas, pues el Plan Mérida permite una inyección de capitales al sector de la seguridad estadounidense, evitando que se estanque la producción de armas al venderlas de este lado de la frontera, generando así un mercado que necesita de la guerra para existir.  Además, Estados Unidos puede controlar con estas políticas el tráfico de drogas, otro de los negocios capitalistas estratégicos y que supone una acumulación de capital como pocos sectores pueden llegar a generar hoy día. Y es que aproximadamente un 90 por ciento de las ganancias que genera el tráfico de drogas no se quedan en los países productores, sino en los grandes bancos de los países centrales que se encargan de lavar el dinero procedente de esta millonaria industria ilegal.

Los antecedentes del Plan Mérida

Las dimensiones que ha alcanzado el narcotráfico hoy día son mucho mayores que hace algunas décadas, pero las políticas estadounidenses que anteceden al Plan Mérida se han implementado desde mediados del siglo pasado. Ya desde 1940 los departamentos de Salubridad, Gobernación, Defensa, Hacienda y la PGR trabajaban conjuntamente con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la erradicación de sembradíos y arresto de traficantes, principalmente en los estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit. Para México el problema de drogadicción era mínimo y se concentraba principalmente en la capital del país; sin embargo, los funcionarios estadounidenses persuadieron –mediante la presión política y un discurso moralino y puritano– a los gobernantes mexicanos de centrar sus energías en la erradicación de un problema que, en realidad, correspondía a Estados Unidos resolver, pues su población era el principal mercado para las drogas producidas en territorio mexicano.[2]

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Muy pronto las campañas antidrogas surgirían como negocios atractivos para los grandes capitalistas y la clase política, que siempre mantiene el control de las drogas a la forma que más convenga y según las necesidades del mercado mundial. Por ello es que los gobiernos de Estados Unidos y otras potencias se involucraron en coordinaciones internacionales que tenían como fin controlar ese mercado en países de América Latina y Asia, principalmente. Para México, esto significó la puesta en marcha, desde la década de los cincuenta, de un sinnúmero de “operaciones” para erradicar el tráfico de drogas y que implicaban la injerencia directa de Estados Unidos en la política nacional. Actualmente este tema sigue haciendo que el vecino país del norte interceda en nuestras políticas al respecto, y serán sus burócratas quienes tengan la última palabra sobre lo que se hace respecto a este tema.

La fundamental demanda de los padres de familia

La guerra contra las drogas comenzada por Felipe Calderón fue una de estas injerencias de Estados Unidos, quien constantemente hostiga al Estado mexicano, achacándole la culpa de la drogadicción que permea en su población. Esta guerra se ha dejado ver en toda su magnitud como una guerra encubierta contra la clase trabajadora ultrapauperizada y también contra el campesinado; una guerra que ha sumado hasta ahora más de 150 mil muertos, 30 mil desaparecidos y se estima que entre medio millón y 5 millones de desplazados en todo el país.

Hoy, continuando el legado de Calderón, Peña Nieto se propone seguir trabajando en conjunto con su símil estadounidense Barack Obama, abriendo las puertas a la clase política y empresarial del vecino país del norte con políticas conjuntas como el Plan Mérida. Ambos gobiernos buscan, así, mantener su poder –y Estados Unidos su hegemonía– con base en el más salvaje capitalismo, protegiendo sus mercados estratégicos, legales e ilegales, en detrimento de los trabajadores urbanos y agrícolas.

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Bajo este panorama, la demanda de los padres de familia de Ayotzinapa es primordial, pues el Plan Mérida, lejos de erradicar la violencia, la ha exacerbado y supone además una estrategia geopolítica de Estados Unidos a la cual es fundamental poner un alto, en miras de frenar su expansión hegemónica y su control económico y militar sobre México. Ello requiere de concientizar al grueso de la población sobre la gravedad de esta situación y la forma en que se va ampliar la crisis social que actualmente vivimos si no nos organizamos contra el gobierno y el capitalismo. 

Los distintos sectores en lucha  debemos denunciar, frente al grueso de la población, al Estado mexicano y a sus políticas en favor de los capitalistas nacionales y extranjeros. Al mismo tiempo los sectores combativos debemos ampliar la discusión al interior de las organizaciones para combatir el embate neoliberal y sus dinámicas de muerte y despojo, contraponiéndoles fuerza política anticapitalista que se nutra del estudio y análisis sobre nuestra realidad. Sólo así podremos dar una salida a la crisis social, a esta nueva etapa de dominación por parte de Estados Unidos y al problema de la violencia generada por el tráfico de drogas y otros negocios ilegales amparados por el Estado mexicano. 

Referencias:

[1] Animal político, 24/02/2015

[2] Astorga, Luis, El siglo de las drogas, Debolsillo, México, 2016.